En 10 minutos Llamazares defendió la posición de IU y de gran parte de la sociedad española.
Además las organizaciones sociales y los sindicatos CCOO, UGT y USO, reunidos esta mañana en la sede de CCOO para estudiar acciones contra la reforma de la Constitución que establece un límite de déficit, y para exigir la convocatoria de un referéndum, han decidido realizar concentraciones los días 31 de agosto y 1 de septiembre en distintas localidades del país, víspera de la discusión en el Congreso de la iniciativa pactada por PSOE y PP. Asimismo, han acordado apoyar las demás concentraciones y movilizaciones que se convoquen estos días -en particular la recogida electrónica de firmas-, y celebrar una manifestación en Madrid el día 6 de septiembre, a las 19h, entre Cibeles y Sol, antes del debate en el Senado.
A la reunión han asistido CCOO, UGT, USO, Paz con Dignidad, Consejo de la Juventud de España, Sindicato de Estudiantes, Paz Ahora, Confederación Intersindical, Habitáfrica, Coordinadora de ONGs para el Desarrollo (CONGDE), Plataforma 2015 y +, Asamblea de Cooperación por la Paz, Socialismo 21, Adicae, Comisión Promotora de las Mesas Ciudadanas para la Convergencia y la Acción.
Los asistentes han hecho pública una declaración en la explican las razones por las que rechazan la reforma de la Constitución, que ataca los intereses de los trabajadores, supone una grave limitación al autogobierno de las diferentes AAPP, y constituye una amenaza para las prestaciones e instituciones del Estado de Bienestar.
Sindicatos y ONG consideran que la reforma se realiza además de manera precipitada, urgente, sin debate público y hurtando la participación de los ciudadanos, y sólo satisface las demandas de los mercados frente a las de la sociedad.
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CONTRA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y POR LA CONVOCATORIA DE UN REFERÉNDUM
Las organizaciones sociales abajo firmantes acuerdan manifestar públicamente su rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución Española elaborada por los responsables de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, pedir a los diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que no la voten favorablemente y que, en el caso de que la propuesta fuera aprobada, se convoque un referéndum para su ratificación.
Consideramos que por su contenido y por sus plazos de aplicación esta reforma no va a ayudar a la reducción de los niveles actuales de déficit público que sólo puede lograrse sin deteriorar gravemente el tejido económico y social de nuestro país, mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, una reforma fiscal equitativa y progresiva y un permanente rigor en el uso del gasto público.
Al mismo tiempo impone una grave limitación a la autonomía de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno presupuestario de las diferentes administraciones públicas. Esto afectará gravemente a su capacidad de utilizar la política presupuestaria al servicio de los objetivos de la política general. Supuestamente motivada por los ataques especulativos a las deudas soberanas, la reforma introduce en nuestra máxima norma jurídica un factor económico de carácter netamente procíclico que puede llegar a impedir la acción de los gobiernos para que nuestra economía no entre, en el futuro, en una recesión. Constituye también una amenaza permanente para las prestaciones e instituciones del Estado de bienestar, las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo.
Si el contenido es rechazable, el procedimiento que se va a adoptar para su aprobación es inaceptable: se va a producir con la legislatura agotada, se anuncia en pleno período de vacaciones, se quiere aprobar definitivamente transcurridos sólo quince días desde que el Presidente del Gobierno la propusiera el 23 de agosto, se quiere realizar sin debate político ni social de ninguna clase y, finalmente, sin que la reforma sea sometida a referéndum.
Por todo ello y teniendo en cuenta que su contenido –la constitucionalización de la obligación de equilibrio presupuestario y límite de la deuda en las cuentas de las administraciones públicas- es una opción ideológica y política que además de ser errónea e inútil tiene un carácter marcadamente conservador, podemos afirmar que esta reforma rompe el consenso constitucional sobre el que se basó la elaboración de nuestra Carta Magna.
Ante la gravedad de este proceder, las organizaciones sociales abajo firmantes consideran necesario que la ciudadanía exprese públicamente:
- Su rechazo a la reforma constitucional que se propone
- La petición a los/as diputados/as y senadores/as de que no la voten favorablemente en el trámite parlamentario.
- La exigencia de que si la propuesta es aprobada por el Parlamento sea sometida a referéndum
Para ello, las organizaciones abajo firmantes llaman a la ciudadanía y a las fuerzas políticas y sociales a que participen en las movilizaciones que se convoque. Conscientes de la necesidad de trabajar por la convergencia de todas las organizaciones y plataformas que estamos contra esta reforma de la Constitución, acuerdan en particular:
- Convocar concentraciones y manifestaciones los días 31 de agosto y 1 de septiembre en las distintas localidades del Estado español
- Apoyar la participación en las demás concentraciones y movilizaciones que se convoquen estos días contra la reforma de la Constitución y por la convocatoria de un referéndum
- Apoyar iniciativas de diferente naturaleza, en particular la recogida electrónica de firmas
- Culminar con una manifestación en Madrid el próximo martes, 6 de septiembre a las 19:00 entre Cibeles y Sol
Madrid, 29 de agosto de 2011
